El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza a civiles registrados como “legítimos usuarios” a adquirir y portar armas semiautomáticas. La decisión deroga una normativa en vigor desde hace 30 años, que limitaba este tipo de armamento exclusivamente al uso militar.

El documento, publicado este miércoles 18 de junio en el Boletín Oficial, establece que la compra solo será posible para uso deportivo y bajo ciertas condiciones. La norma también lleva las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Especialistas critican la medida

Organizaciones como el INECIP y el CELS advierten que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) no tiene la capacidad para fiscalizar adecuadamente el uso de este tipo de armamento. “Hay menos de diez inspectores para todo el país”, alertó Julián Alfie, abogado penalista.

También se cuestiona que este tipo de reformas pueden facilitar el acceso ilegal a las armas y aumentar la violencia armada. En países como Australia y Nueva Zelanda, los gobiernos han optado por restringir el acceso tras episodios de violencia masiva.

Una política armamentista más flexible

Este decreto se suma a otras decisiones similares impulsadas por el Gobierno argentino. En mayo se implementó la “tenencia exprés”, que digitaliza el trámite para obtener permisos. Además, en 2024 se redujo la edad mínima para portar armas de 21 a 18 años.

Bullrich ha defendido estas medidas diciendo que si los jóvenes a los 18 años pueden votar o cambiar de sexo, también deberían tener derecho a portar un arma.

Argentina tiene cerca de un millón de personas registradas como usuarios de armas de fuego, aunque el 65% tiene credenciales vencidas. En 2022, la mitad de los homicidios dolosos fueron cometidos con armas de fuego, según el CELS.